Si deseas conocer los detalles y el impacto de esta normativa, puedes consultar el siguiente enlace REIAC (identificación obligatoria en animales), donde se exponen las razones y el contexto legislativo detrás de esta reclamación.
Por qué REIAC exige la identificación obligatoria
La Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) demanda que todos los perros, gatos y hurones estén identificados obligatoriamente porque considera que el microchip es la pieza clave para erradicar el abandono y reforzar la responsabilidad legal de los dueños. Según sus datos, más del 70% de animales recogidos en protectoras no estaba identificado, dificultando su devolución y aumentando la población de animales sin hogar.
Además, REIAC advierte que esa falta de identificación impide controlar la cría ilegal y dificulta la aplicación de legislación europea que exige identificación previa a la vacunación antirrábica. En su opinión, un animal identificado es un animal protegido.
La entidad insiste en que esta normativa no debe ser vista como un “DNI para mascotas”, sino como una medida ética y jurídica que protege a los animales y facilita su localización en caso de pérdida o robo.
Marco normativo y avances legislativos
La nueva Ley de Bienestar Animal (7/2023) ya hizo obligatoria la implantación del microchip y el registro en todas las comunidades autónomas, incluyendo la identificación como requisito previo para aplicar tratamientos, vacunas o registrar cambios de titularidad. Esta norma también impone sanciones elevadas para quienes no cumplan, con multas que pueden llegar hasta 200.000€.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado la creación de un sistema estatal unificado de identificación animal, que regulará de forma homogénea el registro en todo el territorio nacional, coordinando los datos de la REIAC con un futuro registro central.
En algunas comunidades autónomas como Madrid o Andalucía ya existe regulación local, con plazos específicos y mecanismos de control vía registro municipal o autonómico (como RAIA o RIAC).
¿Qué implica esta identificación para propietarios y veterinarios?
Tanto para el propietario del animal como para los profesionales veterinarios, la obligatoriedad conlleva responsabilidades claras:
- Implantar el microchip antes de los 3 meses de vida del animal, o dentro del mes siguiente a su adquisición.
- Registrar los datos del animal y del propietario en el registro municipal o autonómico correspondiente, emitiendo un Certificado Oficial de Identificación Animal (COIA).
- Comunicar cualquier cambio de titularidad, extravío o fallecimiento en un plazo máximo de 72 horas, según normativa de algunas comunidades.
Los veterinarios están habilitados legalmente como únicos responsables de insertar el chip y gestionar el registro, además de informar a los dueños sobre la normativa vigente y sus implicaciones sanitarias y legales.
Beneficios reales del microchip y registro unificado
La identificación obligatoria no solo mejora la seguridad del animal, también beneficia a toda la sociedad:
- Aumenta la posibilidad de recuperar mascotas perdidas, ya que los refugios y cuerpos policiales consultan las bases de REIAC.
- Permite depurar responsabilidades legales en casos de agresiones o maltrato.
- Evita la cría indiscriminada y facilita el control del tráfico ilegal.
- Mejora la vigilancia epidemiológica frente a enfermedades zoonóticas y para controlar brotes sanitarios con identificación del animal y su propietario.
Además, el sistema centralizado que prepara el Gobierno permitirá interacción entre todas las comunidades y acceso rápido a la información, sin las limitaciones actuales de registros autonómicos aislados.
El papel de los ayuntamientos y la colaboración interinstitucional
Para que la identificación obligatoria sea realmente efectiva, es fundamental que no solo se legisle, sino que se implemente con responsabilidad a todos los niveles administrativos. En este sentido, los ayuntamientos juegan un papel clave en la gestión, control y promoción de la tenencia responsable de animales.
Muchos consistorios ya disponen de ordenanzas municipales que recogen la obligación de identificar a los animales, exigir su registro en la base de datos autonómica y sancionar a quienes no cumplan. Sin embargo, no todos cuentan con medios suficientes para hacer cumplir esta normativa, y ahí es donde entra la necesidad de reforzar la colaboración interinstitucional.
Es imprescindible que exista una coordinación fluida entre policías locales, servicios veterinarios, protectoras, comunidades autónomas y el registro estatal. Esta cooperación permitirá detectar casos de abandono, localizar a propietarios de animales extraviados, controlar la cría ilegal y garantizar que todos los datos estén actualizados.
Además, los ayuntamientos pueden colaborar en campañas de sensibilización ciudadana, ofreciendo jornadas de identificación gratuita, charlas en colegios, o incluso incentivos fiscales a los propietarios responsables. Cuando todos los actores trabajan alineados, se crea una red eficaz que protege al animal y fortalece el compromiso social con su bienestar.
Retos y recomendaciones para el futuro
Aunque la normativa ya obliga, queda por delante un desafío: promover la concienciación ciudadana y cumplimiento efectivo. Muchos dueños aún desconocen las obligaciones o no cumplen por falta de información. Por ello, es clave:
- Campañas informativas promovidas por ayuntamientos, colegios veterinarios y protección animal.
- Mayor inspección y sanciones efectivas para los infractores.
- Formación continua de veterinarios para que informen correctamente sobre la normativa.
- Desarrollo del sistema estatal centralizado que unifique datos, facilite la gestión y minimice la burocracia.
También, es esencial que se promueva la ética en la tenencia de animales, enseñando desde la infancia que una mascota implica responsabilidad sanitaria, legal y emocional.
